Posteado por: ACIJ | mayo 14, 2013

Designaciones a puertas cerradas

El Consejo de la Magistratura y una deficiente interpretación del derecho de acceso a la información pública.

En este momento, distintos actores políticos a nivel nacional debaten el impacto de la reforma del Poder Judicial. Si bien hay muchas cuestiones para debatir respecto del contenido específico de algunos de los proyectos (cuestión que ACIJ ha hecho acá), es imposible negar la necesidad e importancia de que se tomen medidas para que el Poder Judicial sea más transparente, más eficiente y accesible.

Uno de los problemas que la sociedad y los actores que participan del mundo judicial reclaman por igual es que al Poder Judicial se ingrese a través de un procedimiento regulado en función de criterios públicos, que establezcan sobre una base de igualdad un procedimiento que contemple la idoneidad y el mérito de los postulantes para los cargos vacantes. En este sentido, desde el punto de vista normativo, la Ciudad de Buenos Aires ha estado a la vanguardia, respecto de otras jurisdicciones: la Constitución de la CABA establece que los cargos de funcionarios y empleados del Poder Judicial deben someterse a concurso (art. 116.5).

A principios de este año culminó una serie de procesos de selección con la designación de 56 nuevos Magistrados (entre jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares). Si bien algunos de ellos fueron designados para ocupar cargos vacantes en dependencias ya existentes, la gran mayoría fue destinada a juzgados, defensorías, fiscalías y asesorías tutelares recientemente creadas (por ejemplo, los 9 juzgados nuevos que se suman a los 16 preexistentes y una tercera sala de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT)).  En ese contexto, se designaron cientos de funcionarios y empleados para desempeñar funciones en las oficinas recientemente creadas, lo cual implica que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires está en una etapa “refundacional” (tal como la denomina el Consejo de la Magistratura). Por ello, desde la Iniciativa Concursos Transparentes, advertimos que es relevante conocer y dar a conocer quiénes componen el “nuevo” Poder Judicial, particularmente en el caso del fuero CAyT, en el cual tramitan decenas de causas de interés público, que afectan la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Persiguiendo este objetivo, el 8 de abril presentamos un pedido de acceso a información pública solicitando:

1. Nombre y apellido de las personas designadas para ocupar cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público durante los últimos 6 meses, con referencia al cargo y la dependencia a la que fueron destinados.

2- Currículum vitae de cada una de las personas designadas para cumplir funciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público (con el testado de los datos personales cuando corresponda)

3- Calificaciones obtenidas en los exámenes implementados por el Consejo de la Magistratura.

4- Criterio utilizado para la asignación de los recursos humanos a las distintas dependencias

[ver pedido]

Vencidos los plazos legales que establece la ley 104 de acceso a la información pública, recibimos la respuesta del Consejo de la Magistratura que, llamativamente, negó u omitió contestar 3 de los 4 puntos mencionados. La nota comienza con una cita de de un fallo de la Sala II de la Cámara CAyT en la cual se hace mención al amplio entramado normativo sobre el cual se erige el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a información en manos del Estado, que “no es una mera aspiración constitucional, sino que importa expresos deberes de quienes se desempeñan en las tres ramas del gobierno.” Sin embargo, tras haber citado el pormenorizado análisis realizado por la Sala II de la Cámara CAyT en el fallo “ACIJ c/ GCBA s/ Habeas Data“, el Consejo de la Magistratura contestó el pedido aportando información vinculada únicamente al primero de los 4 puntos planteados (ver), y negando u omitiendo la información solicitada respecto de los restantes 3 puntos incluidos en el pedido:

2. Currículum Vitae: El Consejo negó acceso a la información solicitada alegando que su entrega “podría” infringir las restricciones de la ley 104 y la Ley de Protección de Datos Personales. Esta respuesta no es novedosa: el Consejo contestó del mismo modo cuando solicitamos los CV de los concursantes a jueces de Cámara en 2011 (ver). Resulta llamativo que el Consejo está utilizando como fundamento para denegar el acceso a información un dictamen de sus asesores legales, fechado en 2011, a pesar de que unos meses después el mismo Consejo revirtió su criterio (ver) y reconoció que tenía una obligación legal de entregar los CV en su poder, previo testando de datos personales (dirección, teléfono, correo electrónico), tal como fue requerido por ACIJ en esta oportunidad.

3. Calificaciones obtenidas: En los últimos meses se ha designado secretarios y prosecretarios  para cumplir funciones en los nuevos juzgados de  Primera Instancia y la nueva sala de la Cámara CAyT. En tanto aún no se ha dado cumplimiento al mandato constitucional de convocar a concurso para cubrir estas vacantes (ver) , el Consejo ha diseñado un mecanismo ad-hoc para la selección de secretarios y prosecretarios interinos  (Resolución 515/12) de los 9 nuevos juzgados y las secreatarías que se encontraban vacantes en Primera Instancia. El mecanismo ad-hoc de selección establece entre otros criterios -como el análisis de los CV, cuya vista nos fue denegada- la aprobación de un examen escrito. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura omite también otorgar acceso a información sobre este punto. De hecho, en la respuesta no se hace referencia alguna a los exámenes y calificaciones obtenidas.

4. Criterio utilizado para definir la distribución del personal entre los distintos juzgados recientemente creados: omisión de respuesta. El Consejo contesta, de manera general, que “sólo corresponde señalar que fueron cubiertos los cargos pertenecientes a las estructuras existentes en cada juzgado.”

El derecho de acceso a la información pública, además de ser pre-requisito para el ejercicio efectivo de otros derechos, es fundamental para la rendición de cuentas del Estado en el marco de un sistema republicano de gobierno. Éste confiere a las personas la facultad de conocer la información contenida en archivos, estadísticas, expedientes administrativos o registros en poder del Estado y, por lo tanto, representa un instrumento imprescindible para concretar la participación y el control de los ciudadanos en los asuntos públicos. El derecho de acceso a la información pública es la contracara necesaria del principio de publicidad de los actos de gobierno, y se relaciona con la adopción de la forma republicana de gobierno y con la organización de las instituciones de nuestra Ciudad como una democracia participativa.

A su vez, si bien nuestra constitución previó elecciones periódicas de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual opera como un mecanismo que promueve la rendición de cuentas, la Constitución no previó el mismo mecanismo para los miembros del Poder Judicial. Por ende, el derecho de acceder a información pública debería ser considerado particularmente robusto cuando la misma se encuentra bajo el control del Poder Judicial. Es más, quienes administran el Poder Judicial se deberían sentir compelidos a avanzar en la implementación de políticas de gobierno abierto, es decir difusión activa y acceso irrestricto a la mayor cantidad de información posible, interpretando las excepciones a la obligación de brindar acceso de manera restrictiva, y evaluando qué estrategias de comunicación permiten divulgar información para que sea inteligible para el ciudadano común. Esa es parte integral de sus deberes como funcionarios públicos hacia quienes habitan la Ciudad.

El día 13/5 hemos realizado una nueva presentación ante el Consejo de la Magistratura reiterando nuestro pedido sobre la información faltante: acceso a los CV de quienes fueron recientemente designados, las calificaciones de aquellos que tuvieron que realizar un examen para evaluar su idoneidad para el cargo, y los criterios aplicados por el Consejo de la Magistratura para asignar a los profesionales que cumplieran con los requisitos de idoneidad a las distintas dependencias. (ver reiteratorio)

Documentos de interés:

Pedido de Acceso a Información

Respuesta al pedido de Acceso a información – Anexo (Nombres y cargos de las personas recientemente designadas)

Reiteratorio presentado (13/5)

Normativa

Ley 104 (Acceso a la Información Pública) – Otros estándares y normativa sobre Acceso a Información Pública 

Resolución 515/12 (protocolo)

Res. CSEL 242/12 (fundamento normativo del protocolo)

Versión taquigráfica 20/12/2012 (aprobaron Res. 515/12)

Res 1046/11 (Delega RRHH en Presidencia)

Ley 3318 (Organización Poder Judicial)

Res. CSEL 33/12 (reconoce derecho acceso a CV de concursantes)

Res Presidencia 1235

Res. Presidencia 1255

Entradas relacionadas:

“¿Quién quiere concursos para secretarios después de todo?” (20/11/2012)

¿concursos en secreto?” (6/10/2011)

Filmaciones de los exámenes orales (amparo presentado por ACIJ) (7/2/2012)

El consejo ha reconocido (y garantizado) el acceso público a la información de los concursos” (8/3/2012)

Más información sobre el derecho de acceso a información

Saber es un derecho” (página web de ONGs impulsoras de una ley de acceso a información pública a nivel nacional)

Acceso a la Información”, publicación de Alejandro Rojo Vivot (2010)

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Responses

  1. Indigna ver semejante cantidad de designaciones sin concurso o sin una mera convocatoria pública, en especial en estos tiempos en que se discute sobre la necesidad de una justicia democrática. También magnifica la indignación el hecho de que en muchos de los casos, las personas que efectuaron las designaciones o decidieron acerca del procedimiento de tales designaciones, enseñan materias de derecho público en las facultades de derecho. La verdad, avergüenzan, y dificultan que les crea en los diversos seminarios en los que están disertando últimamente.

  2. Todo el mundo sabe que hay nuevos Secretarios en el fuero CAyT que no aprobaron el examen a puertas cerradas q les hicieron. Tampoco les hicieron psicofísico. Una verguenza, esas designaciones son nulas.
    Si quieren les paso los nombres de los q no aprobaron el pseudo examen.


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