Posteado por: ACIJ | agosto 3, 2012

El Requisito de la Audiencia Pública

Compartimos una nota de opinión que nos envía Diego Luna, colaborador del Observatorio de la Justicia Argentina (Observa) en relación a la situación de Patricia Larocca (ausente en la audiencia pública), y las características y condiciones de los procesos de designación ante la legislatura. Aprovechamos la oportunidad para reiterar la invitación a todos aquellos que deseen publicar notas de opinión en este espacio, y los invitamos a que nos escriban a concursos@acij.org.ar

“El procedimiento de selección de los jueces de primera y segunda instancia de la Ciudad de Buenos Aires está regulado en varios artículos de su Constitución (arts. 109 y 116 a 120), en la Ley 31, orgánica del Consejo de la Magistratura (CM) y en lo que ahora nos interesa, por la Ley 6 que reglamenta el instituto constitucional de la Audiencia Pública (AP).

De acuerdo a lo prescripto en el art. 118 de la Constitución, en las audiencias “para designaciones” la realización de la AP tiene por objeto evaluar la idoneidad del candidato y las eventuales impugnaciones que se hubieren presentado (art. 5 de la Ley 6), luego de lo cual corresponde a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control (JEAOC) y a la Comisión de Justicia elaborar un “informe” en los términos del art. 33 de la Ley 6, el cual será girado al cuerpo para que este decida en sesión pública y por el voto de la mayoría absoluta de los diputados, si designa a la candidata o si, por el contrario, rechaza el pliego.

El concurso en cuestión se inició en el año 2008 y esperaba el 31 de julio pasado coronar una instancia fundamental en su dilatado trámite. Sin embargo, sumó un capítulo inesperado que ha generado algún desconcierto y otro tanto de perplejidad para muchos desprevenidos.

La cuestión es novedosa: la candidata propuesta por el CM –Patricia Ana Larocca– para ocupar la vacante de un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, no ha asistido a la AP convocada para la fecha señalada, ocasión en la que los legisladores y la comunidad porteña debían evaluar su idoneidad para el cargo.

Inmediatamente surgen algunos interrogantes: ¿Puede designarse a la candidata a jueza sin la realización de la AP para la que fuera convocada? ¿En caso de ser atendibles los motivos de su inasistencia, debe la JEAOC realizar una nueva AP? En tal caso, ¿debe reiniciarse el procedimiento de convocatoria para la nueva AP?

Creemos que de la propia normativa aplicable surge una solución que emerge como la mejor posibilidad contenida en la inédita situación institucional que presenta este caso.

 

Lo que dice la Constitución sobre la Audiencia Pública.

Primero: la Comisión competente de la Legislatura –es decir, la Comisión de Justicia y la JEAOC– debe celebrar una AP con la participación de los propuestos para el tratamiento de los pliegos remitidos por el CM (art.120).

La AP como instancia de evaluación y de participación democrática relevante que la Constitución local reserva para los más trascendentes actos de gobierno, aparece en el proceso de designación de jueces como un requisito sustancial.

Segundo: la Legislatura debe pronunciarse designando al candidato o rechazándolo, dentro de los sesenta (60) días hábiles de recibido el pliego, excluido el receso legislativo. Si vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta del CM operando en tales circunstancias lo que se ha denominado “designación ficta” (art. 118).

El expediente N° 1641-O-2012 correspondiente al Concurso Nº 34/08 ingresó a la Legislatura el día 19/06/12, de manera tal que el plazo de sesenta (60) días hábiles habría de vencer el 14/09/12. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, se entiende que la denominada “designación ficta” opera una vez vencido dicho plazo, siempre que se hubieren cumplido todos los pasos previstos, incluida la AP. Así se ha decidido:

En un sistema constitucional que incrementa la participación pública en el proceso de toma de decisiones no cabe considerar como una interpretación válida del artículo 118 que éste habilite una designación ficta de un magistrado, sin audiencia pública previa; pues ello contrariaría lo expresamente previsto en el art. 120 de la Constitución y el principio de participación ciudadana consagrado en el artículo 1° de la norma suprema local” (del voto de la jueza Conde, al que adhiere la jueza Ruiz y en similares términos se expiden los jueces Maier, Casás y Balbín; Expte. n° 2671/2003, “Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, rta. 20/10/04).

 

La Ley 6 y el trámite de la Audiencia Pública.

La no realización de la AP por causa imputable al órgano convocante –en este caso, la JEAOC– es causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial (art. 3º).

El hecho de que no se hubiera realizado aun la AP respecto de la candidata a Jueza contravencional no acarrea la nulidad del acto, pues su falta de realización no ha obedecido a una causa imputable a la JEAOC en su calidad de órgano convocante. Situación que se hubiera dado si, por ejemplo, la AP no se hubiese realizado debido a un error en la citación (fecha, lugar, persona, etc.) en el que hubiera incurrido la JEAOC. La ausencia de la candidata propuesta por el CM, sean o no atendibles las razones invocadas por la interesada, no es imputable a la JEAOC.

 

Nuestra opinión: la solución contenida en la normativa aplicable.

El Título III de la Ley 6 también resulta de aplicación al trámite de las AP para designaciones (art. 21). En el Capítulo II del Título III, entre otras atribuciones que la ley otorga al Presidente de la Audiencia –en el caso, el diputado que preside la JEAOC (art. 31 de la misma ley)–, se encuentra la de disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún participante (art. 55, inc. “g”).

De resultar acreditada la circunstancia de fuerza mayor que habría impedido la presencia de la candidata en la instancia prevista para la evaluación de su idoneidad, el Presidente de la JEAOC en su calidad de presidente de la AP, podría disponer la “reapertura” de la AP que fuera convocada para el día 31 de julio. La reapertura de la AP ya convocada, podría fijarse sin inconveniente alguno en una fecha prudencial antes del 14/09/12 y con una antelación suficiente que permita concluir el procedimiento dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles que establece el art. 120 de la Constitución local.

Esa resolución podría ser adoptada de oficio por el Presidente de la JEAOC, o inclusive a pedido de la propia persona postulada para ocupar el cargo, en la medida en que la ley 6 considera participante también a “los candidatos y candidatas propuestos” (art. 21).

La solución que postulamos nos parece satisfactoria y ofrece algunas ventajas:

1)      se evitaría un eventual incumplimiento de las disposiciones de la Ley 6 susceptible de tornar anulable en sede administrativa o judicial, los eventuales actos administrativos que dictare la JEAOC, la Comisión de Justicia o el cuerpo de la Legislatura.

2)      la “reapertura” de una AP al sólo efecto de posibilitar la participación pública en la evaluación de la idoneidad de la postulante, exime a la JEAOC de la realización de una nueva AP, incluyendo toda la etapa previa y preparatoria que prescribe la ley 6 (convocatoria, publicaciones, registros, etc.) con todo lo que ello implica en términos de recursos necesarios para su efectiva concreción, además de que el tiempo que ello insumiría pondría en riesgo el cumplimiento del plazo constitucional de sesenta (60) días hábiles.

3)      la “reapertura” de la AP podría realizarse en una fecha próxima que permita confeccionar el informe que deberá realizar la JEAOC conjuntamente con la Comisión de Justicia, de manera tal que la Legislatura pueda expedirse dentro del plazo constitucional de sesenta (60) días hábiles.

4)      soluciones tales como rechazar el pliego por inasistencia de la postulada a la AP, incurrirían en un evidente rigorismo formal, en un vacío ritualismo que desembocaría en una situación que debilitaría las instituciones y colocaría en un indeseado escenario de tensión al CM y la Legislatura.”

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