Posteado por: ACIJ | abril 3, 2012

¿Atrapados en la Matrix?

EXÁMENES, CORRECCIONES, IMPUGNACIONES Y LA DILUCIÓN DE LA OBJETIVIDAD

De acuerdo con la información que circula en el ámbito del Consejo dela Magistratura, se apuran los tiempos de definición de los órdenes de mérito. Abril será, al parecer, el mes en el que la comisión de selección dará cumplimiento a la publicación de los resultados (arts. 38 y 39) con lo que se abrirán la temporada  de impugnaciones.

En relación con los exámenes (oral y escrito) el sistema de impugnaciones suele funcionar –tanto enla Nación, como en la ciudad- de manera paradojal.

Veamos, todo el mundo acuerda que con los exámenes se busca que los procesos de selección cuenten con una parte relevante en la que primen la objetividad, la neutralidad y la evaluación públicamente contrastable de los méritos de los aspirantes, por oposición de los momentos abiertos a la subjetividad, la parcialidad y las preferencias personales de los integrantes del Consejo, propios de la “entrevista personal”. Sin embargo, el funcionamiento del sistema lleva casi fatalmente a que las acciones de los jurados, los concursantes y los miembros del Consejo terminen frustrando la realización de tales principios.

En primer lugar, la forma de los exámenes (la solución de un caso, la exposición de un tema) sumado a la gran dispersión del rango calificatorio (45 notas posibles), la pluralidad de sujetos que califican (habitualmente los jurados se reparten las evaluaciones y hacen chequeos cruzados en el mejor de los casos) y la inexistencia de una matriz objetiva y pública de ponderación -que identifique qué variables se evaluarán, qué criterios formarán la evaluación de cada variable y cuál será el puntaje posible para cada uno de ellos- coloca a los jurados en una difícil situación; de la que resulta racional salir mediante una fundamentación mínima, vaga y genérica de cada examen. Cualquiera que haya sido profesor/a o alumno/a sabe lo difícil que suele ser distinguir fundadamente entre una calificación de 7 u 8, de 9 o 10 en un examen típico; imaginen calificar entre 1 y 45!

Por el lado de los concursantes, resulta casi una práctica de estilo que prácticamente todos los concursantes –incluso los que quedaron en mejor posición – impugnen su calificación en el examen solicitando una suba en su puntaje. También es una práctica habitual, basada en reglas no escritas de decoro, la de evitar en lo posible (salvo errores groseros o sospechas de parcialidad) el cuestionamiento de la calificación de los colegas concursantes. De este modo, existen múltiples impugnaciones pidiendo la suba de calificaciones propias, pero pocas impugnaciones de control de calificaciones ajenas. De este modo, el momento de impugnación no cumple significativamente la función de alertar errores, sino que más bien opera como una oportunidad para que se reconsidere la evaluación propia (que a su vez ha sido definida de manera relativamente vaga y genérica, según vimos).

Con todo ello, la catarata de impugnaciones revela inequívocamente que a prácticamente todos los concursantes les parece que los jurados no han sido exitosos en el ejercido de la objetividad, neutralidad y fundamentación adecuada de sus calificaciones. Sobre esa base, el momento más objetivo y menos discrecional se transforma, por el propio comportamiento de los competidores en uno que se abre dramáticamente a los “ajustes discrecionales” de los integrantes del Consejo que revisarán las impugnaciones. A la vez, en principio, los integrantes del Consejo están menos calificados académicamente que los jurados de expertos propuestos por las distintas corporaciones.

A ello se suma no sólo la discrecionalidad formalmente establecida para la calificación de las entrevistas (arts 34, 35 y 42), sino también los 70 puntos (de los 200 puntos que son asignables a lo largo de todo el proceso) que distribuyen los Consejeros en función de los antecedentes (art 41), que si bien están regulados, al establecer un sistema de escalas se permiten un margen  de discrecionalidad que genera muchas dudas: ¿se tendrá en cuenta en qué universidad se realizó el curso de posgrado o doctorado?, ¿se tendrá en cuenta la calificación CONEAU para realizar distinciones? ¿se tendrá en cuenta el medio a través del cual se realizaron las distintas publicaciones?, entre otras.

De modo terminan recayendo sobre los miembros del Consejo la definición casi discrecional (según su más recto y leal saber y entender) de todas las variables que compondrán el orden de mérito (y no sólo las relativas a la entrevista y los antecedentes ponderados por la Comisión). Dada la previsible proliferación de impugnaciones contra las decisiones del jurado, difícilmente se pueda criticar luego los ajustes que se realicen en la instancia de revisión –pues casi todos los concursantes han afirmado antes que los exámenes estuvieron mal corregidos por los jurados expertos!

De este modo, las condiciones –inadecuadas- en que se administran los exámenes, el sistema de corrección, impugnación y revisión generan una serie de dinámicas en la que la acción de todos los participantes del sistema de selección (jurados, concursantes, comisión de selección) podría combinarse, como una tormenta perfecta, para acabar neutralizando y disolviendo los únicos elementos de objetividad y neutralidad que el proceso de evaluación de méritos debería tener.

Esperemos que en los trascendentes concursos en vías de definición, esta lamentable posibilidad no se materialice. Aunque también podría ser que estemos atrapados en la Matrix.

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