Posteado por: ACIJ | mayo 19, 2011

Reflexiones sobre el procedimiento del Concurso para Camarista CAyT

El desarrollo del trámite del concurso Nº46 –para cubrir el cargo de camarista CAyT- resulta sumamente enriquecedor para comprender mejor los avances y también algunos aspectos pendientes de solución respecto de la equidad procedimental de los procesos de selección de magistrados.

Hasta este momento hemos accedido y analizado los CVs de los miembros del jurado, mientras que todavía aguardamos el acceso efectivo a los CVs de los participantes en el concurso –lo cual aún no ha sido garantizado. Asimismo, hemos accedido a las consignas del examen escrito que se utilizó en el concurso, y hemos presenciado los exámenes orales realizados.

En este estadio del concurso hemos podido observar dos situaciones complejas desde el punto de vista de la equidad procedimental –relativamente desconocidas o no anticipadas por nosotros- que bien merecen una reflexión más detenida: a) Las relaciones entre jurados y concursantes; y b) la utilización de un caso real en el examen escrito.

Las relaciones entre jurados y concursantes

El estudio de los antecedentes de los jurados puso de manifiesto la existencia de una larga relación entre uno de los jurados (el Dr. Javier Wajntraub) y uno de los concursantes (el Dr. Sebastián Picasso), ambos conocidos y prestigiosos juristas y abogados –por si hiciera falta remarcarlo.

Según reseña el CV del Dr. Wajntraub, ha sido socio profesional del Dr. Picasso entre 1994 y 1999. A su vez, han publicado juntos al menos 5 artículos, y firman como colaboradores en 2 tratados [1]

Consultado sobre el alcance de la relación personal y la identificación o no de su parte acerca de algún potencial conflicto de intereses, el Dr. Wajntraub tuvo la amabilidad y cortesía de hacernos llegar una respuesta, y ha autorizado su difusión.

Allí expresa:

 “Conozco al Dr. Sebastián Picasso como así también a un importante grupo de participantes. Supongo que ello tendrá que ver con el hecho de que el mundo académico nos entrelaza de manera permanente.

 En relación a su inquietud puntual, no siento que dicho vínculo pueda afectar mi imparcialidad, más aún, cuando en el examen escrito no es posible saber quien resulta ser el autor/a de cada prueba. En cuanto al oral, el cuestionario se realiza de manera pública y es llevado a cabo por el conjunto del jurado. Evidentemente nadie considero éste vínculo (ni ninguno de los otros que menciono) como un obstáculo para mi desempeño, ya que no he recibido ninguna clase de impugnación.”

Debe señalarse que ningún concursante ha realizado manifestación ni recusación alguna respecto de este punto en el plazo fijado en el art. 9 del reglamento de los concursos, y también debe señalarse que el CV de los jurados no estaba disponible en el Consejo de la Magistratura en ese entonces, ya que – según nos comunicaron desde el Consejo de la Magistratura- la idoneidad de los jurados es una responsabilidad que asumen los estamentos que los proponen.

La utilización de un caso real en el examen escrito

Para la prueba escrita los jurados seleccionaron un caso real –el caso “Colegio de Escribanos de la CABA c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)” – del cual presentaron los escritos de demanda y contestación de demanda, fallo de 1era instancia, un recurso de apelación oportunamente presentado y el escrito de contestación de traslado, y requirieron a los concursantes que elaboraran una sentencia.

En ocasión de realizar el análisis se verificó que una de las concursantes – la Dra Cuello- había sido la abogada de la Procuración de la Ciudad en ese caso, y que ella misma había firmado el escrito de contestación de la demanda.

Debe señalarse que hasta el momento ningún concursante ha realizado manifestación alguna sobre la equidad procedimental del examen.

Hasta el momento, si bien el Consejo de la Magistratura ha recibido las notas de los exámenes orales y escritos, la Comisión de Selección aún no ha iniciado el procedimiento de decodificado de los exámenes escritos. A su vez, dada la falta de integración del Consejo de la Magistratura en relación con los representantes de la legislatura, resulta previsible que –a fin de evitar eventuales planteos de nulidades procedimentales- la fase de entrevistas con la Comisión de Selección (art. 34 del reglamento) se postergue hasta que la Legislatura cumpla su obligación –ejerza su atribución- de contribuir a la integración del Consejo.

Algunas consideraciones relativas a las garantías de transparencia y equidad procedimental

Las dos situaciones reseñadas son conflictivas desde el punto de vista que estamos analizando; no porque impliquen abusos, desvíos deshonestos o ilicitudes en el procedimiento, sino porque constituyen situaciones límite donde resulta prácticamente imposible concluir con certeza que exista una ventaja indebida de algún concursante, y también resulta imposible concluir con certeza que no exista tal ventaja indebida. Es imposible saber cómo influye en el ánimo del jurado su relación profesional de socio o compañero académico con un concursante, y es imposible saber cuánto facilitó o no la realización del examen a la concursante su conocimiento diferenciado del caso utilizado.

El punto es que, precisamente este tipo de situaciones deberían ser prevenidas para asegurar la equidad procedimental. Ese es el tipo de cuestiones que los reglamentos deben organizar a fin de evitar que se tiña la calidad del proceso.

Dos principios podrían extraerse de estos episodios: (1) No deberían utilizarse casos reales; y (2) los concursantes y el público deberían conocer plenamente, y con tiempo oportuno, los antecedentes completos de los jurados y sus co-concursantes.

La garantía fundamental de legitimidad en la designación de los jueces y juezas de la ciudad consiste en la transparencia y equidad en el proceso de selección; en la existencia de garantías contra la producción de situaciones conflictivas como las que hemos mencionado.

Las reglas sobre impugnaciones posteriores no son salvaguarda suficientes, pues ellas consisten en medidas remediales, cuando el daño a la garantía procedimental ya está producido.

Sería oportuno que estos aprendizajes se traduzcan en ajustes reglamentarios que avancen en la equidad procesal y refuercen así las condiciones de legitimidad con las que se forma el poder judicial de nuestra ciudad.


[1] Consumidores, Lorenzetti, Ricardo Luis / Picasso, Sebastián; colab. / Wajntraub, Javier H.; colab., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009; Instituciones de Derecho Privado Moderno. Problemas y propuestas, Alterini, Juan Martín; coord. / Picasso, Sebastián; coord. / Wajntraub, Javier Hernán; coord., Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001.

Artículos: Derecho del consumidor, Picasso, Sebastián / Wajntraub, Javier H., En: Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, AbeledoPerrot, Volumen: 1997-III; El riesgo en el proyecto de Código Civil de 1998, Picasso, Sebastián / Wajntraub, Javier H., Publicado en Revista de Derecho de Daños, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, Volumen: 2007-1; La protección de los datos personales en un acertado decisorio, Picasso, Sebastián / Wajntraub, Javier H, Nota a fallo publicado por Semanario Jurídico. Fallos y Doctrina, Córdoba, Comercio y Justicia, Volumen: 1999-B (pgs 179-187), Las leyes 24.787 y 24.999; consolidando la protección del consumidor, Picasso, Sebastián / Wajntraub, Javier H., Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, AbeledoPerrot, Volumen: 1998-IV; Responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, Picasso, Sebastián / Wajntraub, Javier H., En: Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, Abeledo Perrot, Volumen: 1997-I.
.
A su vez, en Protección Jurídica del Consumidor. Ley 24.240 y su reglamentación. Comentada y anotada. Normativa complementaria., Buenos Aires: Depalma, 2004., Wajntraub, autor exclusivo del libro, le reserva un espacio en la sección de agradecimientos al Dr. Picasso, a quien se refiere como “amigo (y hermano).”
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