Posteado por: ACIJ | marzo 23, 2011

Una poco transparente reforma al reglamento de concursos

La importancia de la tarea institucional a cargo de los magistrados y magistradas exige —en el marco de una república democrática— extremar los recaudos en su proceso de selección. Resulta una obviedad señalar entonces que las reglas que regulan sus procedimientos de designación deben ser claras y transparentes y que es necesario al respecto un esfuerzo de técnica legislativa que fije normas libres de ambigüedades e imprecisiones. De otra manera pueden abrirse grietas que den espacio a decisiones arbitrarias en la elaboración del respectivo orden de mérito. (1)

En este sentido, la reforma del reglamento de concursos dispuesta por el Consejo de la Magistratura el pasado 9 de diciembre de 2010 mediante resolución 1047/2010, dista mucho de contribuir a la consecución de tales objetivos.

La reforma es simple: modifica los artículos 34 y 38 con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Selección conozcan el resultado de los exámenes escritos y orales al momento de tomar la entrevista personal. El fundamento ofrecido radica en que “con la experiencia adquirida en materia de concursos la Comisión de Selección entiende que [la modificación] resulta conveniente (…) en la inteligencia que esa información permitirá una mejor evaluación de los participantes al tener conocimiento de su desempeño en la prueba de oposición”.

A nuestro modo de ver, esto disminuye considerablemente las garantías de objetividad en la entrevista personal, que en Ciudad está concebida como una instancia más del concurso, con pautas específicas de evaluación —distintas e independientes de las que se valoran en las pruebas de oposición—, y con un puntaje máximo asignable, al igual que las instancias anteriores.

La experiencia en el ámbito del Consejo de la Magistratura federal(2) nos dice que la instancia de la evaluación personal, por sus propias características, es la que deja abiertos los espacios más grandes de discrecionalidad en la evaluación de los candidatos, lo que influye decisivamente en la confección del orden de mérito. Que los evaluadores conozcan las calificaciones de las evaluaciones previas al momento de asignar puntaje a la entrevista personal aumenta de manera considerable el riesgo de manipulación indebida de los resultados finales. No se advierte así de qué modo concreto la reforma “resulta conveniente”, en tanto cada instancia de evaluación resulta independiente de la otra y tiene cometidos diversos.

En otro orden, cabe recordar que la estabilidad y el respeto de las reglas que rigen el transcurso de determinado procedimiento de selección, constituye un requisito mínimo y elemental de una actuación legal y transparente que genere condiciones para la igualdad de oportunidades de acceso al cargo concursado. En tal sentido, la reforma del reglamento de concursos con una gran cantidad de importantes concursos recientemente convocados y en trámite resulta, por lo menos, susceptible de despertar suspicacias que deben evitarse. Sobre todo si su contenido se relaciona con instancias procedimentales producidas pocos días antes en un concurso determinado (3).

Por último, resta destacar que, a diferencia de lo deseable (4) , no se generó previamente un espacio amplio y público de intercambio de opiniones que dé la posibilidad de participar a organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, asociaciones de empleados o funcionarios, etc. Por el contrario, se aprobó la reforma en una de las últimas sesiones de la integración del Consejo que vencía en diciembre de 2010, junto con el tratamiento de un gran número de importantes temas. Seis de los nueve miembros del Consejo terminaron su mandato en diciembre de 2010, con lo que la reforma del reglamento se aprobó en el marco de los intensos ajetreos que suelen acompañar los cambios de gestión. Claramente, lejos del clima ideal para la deliberación pública de un tema tan trascendente como la reforma de las reglas de los concursos judiciales.

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[1] Tal como lo venimos sosteniendo desde hace tiempo en diversos documentos suscriptos con numerosas organizaciones de la sociedad civil (ver “Reformas esenciales para una mejora del Consejo de la Magistratura”, “Principios para una reforma democrática del Consejo de la Magistratura” (16 de marzo de 2010) y “Reflexiones acerca del dictamen de mayoría de reforma del Consejo de la Magistratura” (junio, 2010), todos ellos elaborados junto a ADC, CELS, CIPPEC, Poder Ciudadano y Unión de Usuarios y Consumidores).

[2] Ver el estudio contenido en el documento, “Principios para una reforma democrática del Consejo de la Magistratura”, ya citado.

[3] Entrevista con la Comisión de Selección en el concurso nº 37/2009 para cubrir cargos de fiscales en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.

[4] Y lo sucedido en alguna otra reforma anterior del reglamento de concursos.

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